BUENOS AIRES EN VENTA AL MEJOR POSTOR
29 marzo 2016
Se está poniendo en marcha el más grande proceso de asociación especulativa de tierras públicas en beneficio del usufructo privado de la historia de la Ciudad
Con media sanción de la Legislatura de la Ciudad, con el voto favorable de 44 legisladores (la totalidad de la bancada mayoritaria del PRO, la casi totalidad de la bancada del Frente para la Victoria más algunas aliados), se aprobó sin debate y sin discusión el 3 diciembre del año pasado, en primera lectura, la creación de una sociedad estatal, la AGENCIA DE BIENES SE. Es la creación de un ente autónomo que se adjudica el derecho de vender todos los terrenos y edificios públicos de dominio privado de la Ciudad, ubicados al norte de la Corporación Buenos Aires Sur SE, de inspiración análoga. Con este proyecto, el territorio completo de la Ciudad queda en manos de la voluntad exclusiva del poder ejecutivo: cada decisión que se tome ya no pasa por ninguna instancia pública, ya sea la Legislatura, las Comunas o cualquier instancia de decisión ciudadana. Mediante esta ley, la Legislatura le transfiere un número indeterminado de inmuebles a esta nueva Agencia de Bienes, que decidirá indiscriminadamente el destino de los mismos. En el expediente que acompaña al proyecto de ley se esgrime un solo argumento: cualquier bien público puede ser enajena-dosi el Gobierno de la Ciudad lo considera innecesario para la gestión.
Ninguna ciudad del mundo reduce su patrimonio con un argumento tan simplista e incomprensible como el de la falta de necesidad. Es inaceptable que se pretenda enajenar el patrimonio de una ciudad sin tener un plan de desarrollo urbano que determine que ciudad necesitamos. No se puede y no se deben tomar decisiones sin contemplar el futuro social, sanitario, cultural y medioambiental de toda la población. Nos preguntamos entonces: ¿Qué quiere decir que un bien común es innecesario para la gestión? ¿Dónde están las necesidades concretas de la ciudadanía en este principio? En una ciudad donde el espacio público es escaso, en la que plazas, parques y veredas están seriamente comprometidas y los espacios verdes han dejado de guardar relación con la cantidad de población. La Organización Mun-dial de la Salud recomienda 14m2 por habitante y, hoy por hoy, Buenos Aires cuenta con menos de 3,5m2.En este contexto es decididamente perverso que se quieran vender tierras, espacios o edificios para uso privado o desarrollar proyectos en grave perjuicio de la ciudadanía en general y la comunidad en su conjunto. La Ciudad como botín para pocos
La lista de predios en vías de privatización no ha sido publicitada oficialmente. Al respecto, la información es difusa. En tratativas de urbanización y venta están, entre otros, el Tiro Federal Argentino en Núñez, el Dorrego en Colegiales, el Cuartel de la Policía Montada en Palermo, el Empalme Ferroviario Norte en Retiro. También el Autódromo, el Centro Cultural Recoleta, el CEMIC, el Distrito Joven Costanera Norte, Casa Amarilla en La Boca y otros que ya corren por cuerda separada. Al parecerse trata de más de 2.400 inmuebles que involucran a 12 de las 15 comunas. El mapeo de bienes a enajenar se potencia con las grandes fracciones indivisas de propiedad del Estado Nacional en el territorio de la CABA y revela un cuantioso botín disponible para el urbanismo promotor
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Los que votaron a favor de la Ley: José Luis Acevedo (PRO), Gabriela Alegre (FPV), Jorge Aragón (FPV), Juan Pablo Arenaza (PRO), Christian Bauab (PRO), Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), Cecilia de la Torre (PRO), Agustín Forchieri (PRO), Edgardo Adrián Form (Partido Solidario), Gabriel Fuks (FPV), Jorge Garayalde (PRO), Alejandro García (PRO),Cristina García de Aurteneche (PRO), Agustín Garzón (PRO), Dante Gullo (FPV), Raquel Herrero (PRO), Héctor Huici (PRO), Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular), Daniel Lipovetzky (PRO), D. Martínez Barrios (PRO), V. Morales Gorleri (PRO), Oscar Moscariello (PRO), María Muiños (FPV), Fer-nando Muñoz (Liberación), Claudia Neira (FPV), Claudio Palmeyro (Sindical Peronista), Paula Penacca (FPV), Natalia Persini (PRO), Fernando Petrella (PRO), Lorena Pokoik (FPV), Carmen Polledo (PRO), Daniel Presti (PRO), Roberto Quattromano (PRO), Francisco Quintana (PRO), María Rachid (FPV), Cristian Ritondo (PRO), Victoria Roldán Méndez (PRO), Lía Rueda (PRO), Federico Salvai (PRO), Gabriela Seijo (PRO), María Spalla (PRO), Jorge Taiana (FPV), Paula Villalba (PRO). Votaron en contra: Hernán Arce (Partido Socialista), Pablo Bergel (Verde al Sur), Alejandro Bodart (Movimiento Socialista de los Trabajadores), José Campagnoli (Nuevo Encuentro), Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), Patricio del Corro (Frente Iz-quierda y de los Trabajadores), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Pablo Ferreyra (Seamos Libres), Virginia González Gass (Par-tido Socialista Auténtico), María Gorbea (Suma+), Juan Nosiglia (Suma+), Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica), Hernán Rossi (Suma +), Gustavo Vera (Bien Común). Se abstuvieron: Javier Gentilini (Frente Renovador) y Graciela Ocaña, (Confianza Pública).
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¿De quién es la Ciudad? Ya no se habla de la generación de viviendas, menos aún de la creación de viviendas sociales. Salta a la vista que la desmesurada construcción de departamentos y oficinas en torre de la última década obedeció sustancialmente a la especulación sin tener en cuenta las necesidades concretas de una población cuyo número (tres millones aproximadamente) es el mismo que en 1946. En la actualidad nuestra ciudad posee la cifra alarmante del 28% de viviendas (suntuosas) vacías (Censo 2010).
La enajenación de bienes públicos, tal como se lo ha propuesto este proyecto de ley, se anuncia bajo nombres rimbombantes como la creación de Centros de Innovación, Emplazamientos de Industrias Creativas, incremento de Polos Tecnológicos, emplazamiento de Centros de Convenciones, Creación de Ciudades Deportivas y un largo etcétera. Estos eufemismos esconden exención de impuestos para los desarrolladores y prometen un futuro en tecnicolor que implican una flagrante subestimación de los ciudadanos que habitamos la ciudad.
Toda ciudad es de todos, no hay "dueños", es un bien común. Seamos conscientes de una vez que estamos ante el más grande proceso de asociación especulativa de tierras públicas en beneficio del usufructo privado de la historia de la Ciudad. Se prometen puestos de trabajo transitorio y ganancias para un reducido grupo de desarrolladores locales e internacionales con la evidente complacencia y complicidad de la Sociedad Central de Arquitectos y del Consejo Profesional de Arquitectura y Urba-nismo. ¿Es para ellos la ciudad de todos?
¿Qué futuro nos espera?
Las consecuencias del proyecto, en caso de sancionarse la Ley, son incalculables. Entre otras, el aumento de las áreas afectadas por la inundación y el anegamiento; la grave contaminación del agua de los afluentes del estuario del Plata y de la franja costera del Río de la Plata; el perjuicio ambiental implicado por la inútil multiplicación de edificios en torre y tipologías de gran escala en desmedro de sectores de población más postergados; el desequilibrio en la provisión de servicios eléctricos, de agua y saneamiento y carencias en el tratamiento de líquidos cloacales; aumento de las deficiencias graves de la gestión de reciclado y disposición de los residuos urbanos; mayor pérdida de patrimonio arqui-tectónico y cultural y una amenaza permanente sobre lo que queda; crecimiento desorbitado e innecesario del parque automotor destinado al transporte individual y de carga que produce un tránsito traba-do, costoso y contaminante; incremento de la temperatura (efecto isla de calor).Y un largo etcétera.
Este proceso, ya iniciado en la Ciudad a partir de 2005, implicóen algunos casos, la intimidación y judicialización de vecinos y ONGs que defienden el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Se castiga a ciudadanos que cumplen con el deber y el derecho soberano de cuidar de la calidad del hábitat de la comunidad.
El país puesto en venta nos deja sin reserva urbana
La creación de la AGENCIA DE BIENES SE se gestó a imagen y semejanza de la Corporación Puerto Madero y de la Corporación del Sur. Viene a compensar el acaparamiento de tierras de la Capital que éstas no contemplan y se vincula con la creación por decreto en 2012 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado a nivel nacional (Decreto PEN 1382/2012). Este último organismo, creado con el fin de disponer de los antiguos predios ferroviarios, centraliza en manos del Ejecutivo la gestión de los inmuebles de todo el patrimonio nacional.
La dotación de grandes extensiones de tierras de la Nación cercanas al borde costero, de playas ferro-viarias y de grandes instalaciones militares dentro del ámbito de aplicación de este proyecto de ley, puede acelerar, por su ubicación privilegiada,
las posibilidades de extender el tipo de operaciones que se deduce de dicho proyecto, a todo el Área-Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Dada la escala de decisiones involucradas, sólo pueden resultar en impactos desestructurantes en toda la Región Metropolitana, para lo cual el proyecto de ley no aporta marco normativo, planes e instrumentos de evaluación a aplicar.
La Agencia viene a consolidar el rol de un Estado promotor de negocios e inversiones inmobiliarias, adoptando los objetivos de los desarrolladores privados: un enfoque abstracto y cuantitativo del espacio urbano, despojado de su dimensión identitaria; manipulación de la participación ciudadana, aprovechamiento de la rentabilidad territorial sin asumir las consecuencias sociales y urbano-ambientales de la ciudad.
Inconstitucionalidad
Desde el punto de vista jurídico, la creación de la AGENCIA DE BIENES SE es a todas luces inconstitucional, hecho que los Legisladores que le dieron media sanción no tuvieron en cuenta. Es una delegación indebida del poder Legislativo y de las Comunas mediante una interpretación sesgada del mandato constitucional secuestrando el derecho vecinal a determinar la identidad de su hábitat y reteniendo funciones que debían haberse transferido a las Comunas tal como lo dispone la ley de Comunas. El Estado actúa en estos casos como brazo armado de las corporaciones privadas. A este accionar no fueron ajenos los Legisladores porteños del kirchnerismo que, desde el año 2013, no vacilaron en votar aquellas leyes que dieron lugar al llamado Pacto Pro-K y constituyen, hasta el momento, la tercera privatización de bienes públicos de la Ciudad después de la creación de Puerto Madero y la Corporación Buenos Aires Sur SE. Los bienes públicos no tienen porqué ser fuentes de rentabilidad, son patrimonio histórico, identitario y social de una comunidad a la que pertenecemos todos sin distinción de clase, poder adquisitivo o educación. En este sentido, leyes como la que se quiere sancionar convierten a la Ciudad en un laboratorio financiero abstracto sobre cuyo mapa (y no sobre su realidad concreta) se traza un hipotético futuro a ritmo del mercado que no atañe a la sociedad en su conjunto, sino a inter-eses sectariosque se arrogan el derecho de poner en juego el futuro de todos.
PROYECTO DE LEY AGENCIA DE BIENES
Necesidad de derogación de la legislación irregular existente
Con la creación de la Agencia de Bienes SE y la liquidación de tierras públicas como son las ocupadas por el Tiro Federal Argentino y El Dorrego, el proyecto de ley procura repetir normativa irregular existente, como la Corporación Buenos Aires Sur SE (Ley CABA N° 470).
A su vez, desde el Gobierno Nacional, a partir de los Dtos. PEN 1382/12 y 1416/13 está propuesto repetir en todo el país la irregular performance de la Corporación Antiguo Puerto Madero SA.
Al respecto, cabe consignar la inconstitucionalidad del Dto. PEN N° 1279/1989 que crea la Corporación Antiguo Puerto Madero SA y, a su vez, efectúa una transferencia de dominio de tierras del Estado Nacional a esa Sociedad Anónima autoadjudicándose facultades del Congreso de la Nación. También la inconstitucionalidad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y de la transferencia de tierras nacionales a sociedades anónimas por Dto. PEN N° 1382/2012 y Dto. PEN N° 1416/2013.
Todo ello para volcar al mercado inmobiliario las últimas tierras libres de la Ciudad, que debería ser necesariamente destinadas a uso y utilidad pública, preponderantemente espacios verdes.
De ahí que debamos agregar a las propuestas enunciadas, la necesidad de derogar la Ley CABA N° 470 y los Dtos PEN N° 1279/89 - N° 1382/2012 y N° 1416/2013 con el objeto de no "legalizar" las transferencias de tierras públicas a sociedades anónimas ignorando la vigencia del art. 67 - inc. 4º de la Constitución Nacional de 1853 y art. 75 - inc. 5 de la de 1994 que faculta
al Congreso de la Nación a "Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional".
- Por la defensa de los espacios verdes públicos
- Por la preservación del paisaje y los usos para los que fueron creados.- Por su ampliación creando un Sistema Metropolitano de Grandes Parques en base a tierras públicas nacionales y de la Ciudad, última reserva existente.
